AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente


AC6157-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2017-00148-00

(Aprobada en sesión de treinta de agosto de dos mil diecisiete)


Bogotá D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).


Decídese el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante respecto del auto de 14 de junio de 2017, proferido por el magistrado que antecede, en el trámite de la demanda para recurso de revisión de Myriam Lucy Moreno León contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en el proceso declarativo de Eisen y Robinson Herrera Acosta contra la impugnante.


ANTECEDENTES


1.        Mediante el proveído censurado, se rechazó la demanda con que la promotora pretende sustentar el recurso de revisión, por estimarse que no cumplió unos requisitos señalados en el auto inadmisorio: 


1.1.        En cuanto al nombre, domicilio y dirección electrónica de las partes, según los artículos 357 y 82, numeral 10, del Código General del Proceso, porque la recurrente no informó las direcciones electrónicas de las partes en el proceso, ni explicó por qué no lo hacía.


1.2.        Respecto de la causal de revisión invocada, que fue la primera, se dejó sin cumplir la carga de informar «los hechos -concretos- que le sirven de fundamento», pues la parte interesada no acertó en explicar cuáles fueron los documentos que soportan su alegación en tanto refirió un «acuerdo de pago» celebrado con una entidad financiera antes de la sentencia, que no pudo aportar por fuerza mayor, ante la negativa de la entidad para su entrega.


Empero, según el auto, la recurrente adujo unas piezas escritas que no individualiza, que al parecer acreditarían que cumplió el pago del contrato resuelto, y sólo podían ser aportados por la parte contraria, porque eran de un crédito adquirido por esta.  Sin embargo, la primera admitió que conocía la ubicación de las pruebas, e inclusive intentó obtenerlas, y da a la negativa de la entidad el alcance de una fuerza mayor, aunque no pretendió pedirlas por orden judicial. 


Concluyó el proveído que no hay explicación de cómo esos documentos habrían variado la sentencia, ni que fueron hallados después de emitirse esta, o que fue imposible aducirlos por fuerza mayor.  Lo pretendido aquí es reabrir el debate clausurado, conforme a la jurisprudencia de la Corte.

2.        En la súplica expuso la inconforme, en resumen, que subsanó el primer motivo de inadmisión porque aportó las direcciones de correo electrónico de la recurrente en revisión, como también del libelista en calidad de abogado de ella.


Alrededor de la causal de revisión, adujo que explicó por qué no se aportó el documento en el proceso, pues en la compraventa que fue objeto de resolución, quedó pendiente de pago una hipoteca al Fondo Nacional del Ahorro, a quien la compradora debía cancelar cuotas mensuales hasta cubrir el saldo, dado que «no se hizo subrogación». 


Por eso el crédito siguió a nombre de Robinson Herrera Acosta, y aportó las comunicaciones en que el fondo le contestó que no le podía suministrar ningún dato «del crédito hipotecario», que sólo atañe al titular, hecho que «constituye una fuerza mayor» para no allegar el documento.


Agregó que expuso la participación de Robinson al no aportar el documento, pues como titular del crédito conocía su estado y lo omitió para obtener fallo favorable, con los hechos que expuso en cuanto a que pagó con sus cesantías todo el saldo, lo cual no fue cierto, porque el pago en realidad lo hizo la recurrente en cumplimiento del acuerdo a que llegó ese interesado con el abogado externo de la entidad.


Con ese documento se hubiera podido demostrar que el demandante no pagó lo que dijo, y habría variado la decisión.



CONSIDERACIONES


1.        Examinada la actuación, con prontitud salta el revés del recurso de súplica, toda vez que la demanda con que se pretende sustentar el remedio procesal extraordinario de revisión, no cumple los requisitos formales, como fue expuesto en la inadmisión y el posterior rechazo.


2.        En concreto, visto lo relativo a la primera causa de inadmisión, esto es, la falta de direcciones electrónicas «de las partes», acorde con el artículo 82, numeral 10, del Código General del Proceso, fue omisa la parte recurrente, porque dejó de suministrar las correspondientes a los demandantes del proceso original y nada dijo sobre el particular.


Es más, olvido tal fue ratificado en la súplica, donde aceptó que se suministró la información de la recurrente y su apoderado, mas no la relacionada con las otras personas aludidas.


3.        Pero más impeditivo del trámite de la demanda, es la falta de aptitud de la causal de revisión esgrimida, de ver que persistió la ausencia de concreción de los hechos relacionados con la misma; desatino fuerte en la medida en que, acorde con la insistida jurisprudencia de la Sala, si no se avizora desde el umbral la posible edificación del motivo traído al recurso extraordinario, tampoco resulta hacedero poner en marcha este último, cuyo juez debe ser próvido en aras de evitar su empleo indiscriminado, que pone en vilo la firmeza y cosa juzgada de una sentencia.


La causal primera del artículo 355 del Código General del Proceso, aquí intimada, opera bajo los requisitos de hallarse documentos después de proferida la sentencia, «que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria». 


Exigencias que se echan de menos en el asunto que ahora ocupa a la Corte, cual se anotó en el auto recurrido, porque de ninguna manera logra verse que los documentos aducidos, acuerdo de pago y otros que en forma genérica cita la parte recurrente, además de ser anteriores, cumplan con los requisitos de haberse hallado con posterioridad a la sentencia, o que no pudo allegarlos por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria, como tampoco que hubieran variado lo decidido en esta.


3.1.        En la demanda y subsanación, la recurrente manifestó cabalmente que conocía los instrumentos antes de proferirse la sentencia que busca controvertir.  En efecto, en el primero de esos libelos apuntó que había realizado «acuerdo de pago final con el Fondo Nacional del Ahorro», vale anotar, que conoció directamente el negocio que ahora invoca, lo que amplió al decir que «la recurrente no había podido acreditar los otros pagos efectuados al Fondo..., porque desde antes y en el curso del proceso hizo la solicitud y la entidad le contestó que no por no ser titular del crédito...», y  no le daba la información o certificación de los pagos.


Tal conocimiento anterior de los actos por la recurrente, fue ratificado en la subsanación, donde repitió lo referente a la compraventa y el crédito antecedente de los vendedores, del cual no se hizo subrogación, por lo que ella nunca pudo tener información ni le expedían constancias o copias de los documentos donde constaban pagos. Por eso, agregó aquella, el demandante Robinson Herrera Acosta, aprovechó la situación ventajosa de ser titular del crédito y tener toda la información que se le negó a ella.


Estampado quedó, pues, que los documentos no pudieron ser hallados o conocidos por la recurrente luego de emitida la sentencia, pues sus manifestaciones son harto explícitas en cuanto a que desde antes supo de la existencia de ellos, y pudo hacerlos valer como prueba en el proceso. 


3.2.        Tampoco hay presente una justificación objetiva para que la parte recurrente hubiese dejado de allegar, en ocasión propicia, los susodichos escritos al expediente anterior, sin que sea excusa admisible para la falta de aportación la negativa de la entidad financiera, de atender que no sería hecho generador de fuerza mayor o caso fortuito, porque podía solicitarlos ante el juez de conocimiento, cuyo poder de documentación le permitía superar ese eventual obstáculo.


No acreditó que hubiese agotado los mecanismos procesales para tal fin, y así, carece de fundamento la afirmación consistente en que los documentos «son para demostrar que hubo aspectos procesales de pruebas que no pudieron ser aportados oportunamente por fuerza mayor».


3.3.        Igualmente, se hallan ausentes las razones de por qué esa documentación habría variado la decisión de segunda instancia, pues la demanda, en verdad, contiene alegaciones de la recurrente frente a las valoraciones probatorias del sentenciador de segundo grado, como expresar pormenores fácticos debatidos en torno al contrato objeto de proceso, que no se tuvieron en cuenta los pagos que ella hizo, adicionales a los que se aceptaron, que el ad quem, pese a haber una manifestación clara de los pagos efectuados por ella, «los desestimó» (folio 15). 


Pero la dejadez argumentativa en ese punto de la demanda, subsistió en el memorial con que se quisieron subsanar las fallas de la causal de revisión, porque sólo se apuntó que con el documento del acuerdo de pago se hubiera podido demostrar que el demandante no pagó lo que informó, lo que habría variado la decisión.  Enunciado este que, igual al de la demanda, más parece una alegación de instancia, por referirse a los temas probatorios tratados en el pronunciamiento judicial.


4.        Total que desde el principio, sin examinar de fondo la causal primera, es contundente que los hechos carecen de aptitud alguna para concretar formalmente una posible estructuración de la misma; de recordar que es infructuoso, en sede de revisión, afincar ese motivo de réplica en documentos que no reúnen los requisitos necesarios, porque, rememórese, debe tratarse de escritos preexistentes, que habrían tenido una clara trascendencia en la decisión, y que no pudieron aportarse por fuera mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Ha decantado la Corte que como,


… la relación de los supuestos fácticos aducidos para estructurar la causal de revisión invocada deben venir completos en la demanda, debe señalarse que su estructuración exige que se aduzcan:


a)        documentos preexistentes a la demanda genitora del proceso cuya sentencia se pide revisar o que existan por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas;


b)        documentos trascendentales, es decir, que habrían variado la decisión contenida en la sentencia impugnada en revisión;


c)        imposibilidad de aducirlos tempestivamente por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, explicando, como es obvio en qué consistió la causa extraña que impidió el aporte (CSJ SC, 17 mar. 2014, rad. 2013-02413). Subrayado del texto original.


5.        Acorde con esas proposiciones, mal puede abrirse el extraordinario recurso con base en unos hechos que realmente no tienen suficiencia para concretar la causal correspondiente, conforme al artículo 357, numeral 4, del Código General del Proceso, precisamente porque el precepto 358 ibidem, no permite el trámite de la demanda «cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior...».


Total que el derecho de impugnación de providencias judiciales, tiene reglas formales mínimas, más exigentes en recursos extraordinarios, limitados a sentencias y por determinadas causales, que por eso necesitan de una demanda tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de decisión semejante, sin olvidar que el de revisión es para cuestionar una que esté ejecutoriada (art. 354 id.) y ha hecho tránsito a cosa juzgada.


La esencia de este medio de refutación radica en sus características de dispositivo y extraordinario, que por tanto sólo procede para casos excepcionales, a diferencia de los otros mecanismos procesales, sin poder la Corte enmendar o completar la demanda, razón por la cual los hechos concretos que sirven de fundamento para aducir una causal de revisión deben ser puestos de presente en el libelo, para hacer evidente su concordancia ella. De allí que sea pacífico que:


...desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ, ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).


6.        Por consiguiente, la súplica será despachada de modo desfavorable, sin condena en costas por no aparecer causadas (artículo 366-8 del Código General del Proceso).


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, deniega el recurso de súplica interpuesto en este asunto. 


Notifíquese.





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala



Ausencia justificada

MARGARITA CABELLO BLANCO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA